FARO DE VIGO, 29 de abril de 2011
La Fiscalía investiga las licencias otorgadas sin supervisión de la secretaria en Gondomar
Requiere al Ayuntamiento la documentación del primer permiso de obra concedido únicamente con informes externos tras prohibir el alcalde a la funcionaria pronunciarse sobre temas urbanísticos
La gestión municipal de Gondomar vuelve a ser objeto de duda. La Fiscalía de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del área de Vigo ha abierto una investigación por la vía penal en el Ayuntamiento sobre el veto decretado por el alcalde, el popular Martín Urgal, hacia la secretaria municipal y la técnica de administración general del departamento de Urbanismo, que les impide acceder a expedientes urbanísticos y pronunciarse sobre ellos desde el pasado mes de febrero. Según las resoluciones de la Alcaldía hechas públicas en el pleno de ayer, la fiscal ha requerido la documentación de la primera licencia de obra y actividad concedida en estas circunstancias, con el único informe técnico de un abogado privado.
Y es que el gobierno municipal ha contratado al letrado vigués José Martínez Torea para suplir las tareas de las funcionarias censuradas respecto a la tramitación de los asuntos urbanísticos. Esta prohibición de ejercer sus funciones a las máximas responsables de velar por la legalidad en la Administración municipal no tiene precedentes en la comunidad gallega. El BNG, único grupo de la oposición, denunció los hechos ante el ministerio fiscal al considerar que el regidor incurre en “un claro caso de prevaricación”.
Funcionarias declaran
La fiscal trata de aclarar esta cuestión y por ello ha solicitado la documentación del primer permiso de obra y actividad sin la supervisión de la secretaria y la técnica de Urbanismo, además de tomar declaración a varias funcionarias de la plantilla municipal gondomareña, según ha podido conocer este diario.
La resolución de la Alcaldía incluida en la documentación de la sesión plenaria de ayer ordena a la secretaria “que prepare copia íntegra testimoniada del proyecto y expediente administrativo de concesión de licencia de obra y actividad para que por esta Alcaldía sea enviado a la señora fiscal requiriente”. El encabezamiento de la orden del regidor deja claro que responde al “cumplimiento de lo requerido por la Fiscalía en diligencias previas de la investigación penal nº 29/11″.
En función de la evolución de las pesquisas, el ministerio fiscal puede archivar el asunto, dar traslado a los juzgados para que el juez continúe con las diligencias o presentar querella o denuncia contra el alcalde. Martín Urgal, que justificó en su momento su decisión de apartar a la secretaria y a la técnica de Urbanismo de los expedientes para “desbloquear la concesión de licencias” podría tener que responder así ante la justicia sobre un presunto delito de prevaricación, el mismo tipo de infracción por el que ha sido inhabilitado el exalcalde popular Carlos Silva.
